El número de sentencias por delitos contra la seguridad vial suponen el 34% del total de condenas impuestas en España. De las 83.283 condenas por delitos contra la seguridad vial de 2015, 57.313 llevaron aparejadas la prohibición de conducir.
A pesar de lo abultado de las cifras, la Fiscalía General del Estado observa una reducción de las penas por este tipo de delitos respecto al año anterior (92.682 sentencias registradas en 2014). Este descenso se atribuye a la “eficacia” de la respuesta penal y la sanción administrativa para disuadir al infractor.
Cataluña es la comunidad autónoma con más condenas (15.497), seguida de Andalucía (14.619), Madrid (10.784) y la Comunidad Valenciana (10.052). Del lado contrario nos encontramos con La Rioja con 531 condenas.
La Memoria de la Fiscalía de 2015 menciona la necesidad de una mayor concienciación social mediante una mayor educación vial “la única estrategia segura para disminuir las víctimas”, a la par que hace hincapié en el envejecido parque de vehículos. También se aboga por mejorar el estado de las carreteras, de su señalización y el alumbrado público.
La Fiscalía lamenta la muy limitada persecución penal a los conductores bajo la influencia de drogas, debido a la “carencia de garantías científicas” para determinar solo con una analítica si el conductor conducía bajo los efectos de este tipo de sustancias.
Finalmente recuerda que las víctimas de accidentes de tráfico viven en una situación de indefensión. Especialmente las víctimas con menos recursos económicos que según las previsiones del Estatuto de la Víctima, no pueden percibir dotaciones de personal o retribuciones u otros gastos, que supongan un incremento sobre lo estipulado.