La DGT no seguirá los pasos de Francia que a partir del 1 de noviembre instalará radares en coches camuflados de particulares. Los vehículos serán modificados para incorporar los radares en su parte delantera.
La gendarmería francesa quedará así relevada de esta labor para que se dediquen a otras tareas más importantes, dado el alto nivel de preocupación que han provocado los atentados Yihadistas.
En principio solo serán 26 unidades, pero se espera que unos 400 automóviles de particulares serán utilizados como «chivatos de velocidad» del resto de usuarios de la vía. Una medida con la que el gobierno galo espera pasar de 2 millones de sanciones a 8 millones de sanciones, y las horas de patrulla de 1:30 horas al día a 6 horas por día.
Una iniciativa de privatización de la seguridad vial que no se puede aplicar en nuestro país, porque el artículo 88 de la Ley de Tráfico, Vehículos a Motor y Seguridad Vial, recoge la necesidad de veracidad de las sanciones emitidas. Algo que solo puede cumplir un agente de la ley en España.