Fiscalía publica la Memoria 2016 reprochando a los políticos su escasa atención a la Seguridad Vial. Algo que debería aparecer en los debates de investidura o en sus programas políticos, y plasmarse en una ley de educación vial integral y en un plan estratégico de la seguridad vial.
En la Memoria se insiste en la necesidad de aprobar una ley integral de seguridad vial que ponga un límite al coste moral y económico (próximo al 1% del PIB) de los siniestros. Un coste que pone en juego el desarrollo económico de los núcleos de población.
También se aboga por realizar un estudio jurídico del peatón y del ciclista para determinar su integración en la vialidad de las ciudades.
A todo ello se suma el ruego por una mejora de las vías, señalización y alumbrado, una reducción de los límites de velocidad y por incentivar la mejora del estado de los vehículos.
Finalmente reclama más educación vial como la única estrategia de largo plazo para disminuir las tragedias que se viven a diario en las vías públicas. Una educación que debe ser integral, permanente y ajustada a los últimos avances de la tecnología, con el acento puesto en la ecología y la eficiencia. Solo así se incrementará la percepción del riesgo.